miércoles, 06 de mayo de 2009



Por Rubén Adrián Valenzuela    


Una vez le escuché decir a un viejo reportero que un periodista no estaría jamás plenamente formado si antes no había presenciado un fusilamiento. "El color de la sangre no se olvida", pronunciaba con tono trágico el colega. Y tal vez por eso, con una cierta inconfesada vanidad, no tuve reparos para aceptar la invitación que, un 23 de octubre de 1982, me formuló el ministerio de Justicia de Chile para asistir  una ejecución.

Nunca lo hubiera hecho.


Iba a ser testigo ( y siempre he creído que cómplice ) del fusilamiento no de un hombre, sino de dos: Dos ex agentes de la policía secreta de Pinochet, quienes en el ejercicio de sus funciones habían dinamitado, vivos, al director y al cajero de un banco estatal, desapareciendo luego con algo más de dos millones de dólares.
El proceso que los condujo al patíbulo había sido largo, engorroso y lleno de dificultades por todos lados, tanto para los encausados como para quienes debían informar del caso. De una parte la dictadura militar y sus guardianes, que se sentían ferozmente atacados cada vez que alguien nvestigaba el asunto. Del otro lado, con toda clase de limitaciones, la oposición democrática, que veía en cada periodista al gato con el que sacar las castañas calientes del fuego y que no se conformaba con que, para muchos, informar verazmente implicaba un riesgo de consecuencias incalculables.
Más de la mitad del país sospechaba   -en gran medida con razón-, que la Prensa le estaba secuestrando información, en un afán de proteger la fachada, ya de por sí sangrienta, del régimen que encabezaba Pinochet.
Uno de los condenados -Gabriel Hernández Anderson-, oficial de alto rango, vinculado a poderosas familias en la región norte de Chile, había sido distinguido por sus servicios, por el propio dictador, quien lo veía como a un ahijado. Se decía que no había actuado solo, que cumplía órdenes superiores y que él y un subalterno civil, habían sido sacrificados como cabezas de turco, en un afán de proteger a las cúpulas militares, vinculadas a la parte más oscura del régimen, la represión y el atropello sistemático de los Derechos Humanos. El país entero estaba esperando el desenlace del drama. Los padres de uno y otro condenado apelaban a todas las instancias posibles y hasta el Papa Juan Pablo II había sido invocado para una intercesión de última hora. Se trataba de impedir un asesinato legal. Pocos días antes de la fatídica jornada yo había entrevistado en Arica, ciudad limítrofe con el Perú, al alcalde de la ciudad, Manuel
Castillo, suegro del principal inculpado. Para él no había dudas: Gabriel Hernández Anderson, de conducta intachable y buen cristiano, de misa y comunión todas las semanas, no podía ser el criminal salvaje y despiadado que pintaban los medios. "No creeré jamás que actuó por cuenta propia", me dijo en privado, para no molestar a sus jefes.
Calama, la ciudad de los hechos, capital de la provincia donde Chile produce su mejor y más explotado cobre, zona de desiertos y sequedades, estaba tomada militarmente desde muchas horas antes de que se produjera la descarga mortal.
Militares y paramilitares, agentes secretos y agentes oficiales, ministros de Corte, jueces de fuero, periodistas y curiosos de todas las regiones aguardaban por las calles, en las plazas o en los bares de hoteles y restaurantes, la llegada de la aurora.
Poco antes de la salida del sol, quienes estábamos seleccionados, fuimos conducidos a la cárcel local. Perros amasestrados, guardias con equipos de detección electrónica y vigilantes que nos hurgaron bajo los cabellos y en la boca,y nos confiscaron los bolígrafos y hasta las gafas de sol, nos condujeron  a una butaca en la antesala de la muerte. Íbamos a presenciar el más duro y cruel teatro de la vida: el asesinato por decreto de dos hombres a los que se había condenado en un proceso lleno de irregularidades. (rubenadrianvalenzuela@yahoo.es)
 

 

Tags: El Caso Calama

Publicado por Desconocido @ 23:06
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